El Tribunal de Cuentas ha encontrado un agujero de 1.422 millones de euros en la caja de las CCAA, según informa hoy el diario ABC. Ésta puede parecer una más entre el cúmulo de noticias acerca del desastre financiero y el descontrol en las cuentas autonómicas.

Incluso la cifra puede sonarnos ya casi moderada en comparación con las que todos los días cuelgan de los titulares de los periódicos. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas no da una noticia más sobre el naufragio del Estado de las Autonomías, sino que da tres, a saber: 1. La más evidente: que las cuentas autonómicas las han llevado personas irresponsables que o no tenían la competencia necesaria o han falseado los datos. No sólo mintió el Gobierno de Zapatero. 2. Que ya había un agujero en 2007, cuando la crisis apenas acababa de estallar. Por optimista que se quiera ser, sólo puede darse por sentado que el desfase se habrá agravado, y mucho, hasta el día de hoy. 3. Y, por último, que el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las finanzas públicas, lleva un retraso de cuatro años y medio, lo que pone en cuestión su utilidad y explica, en parte, el fracaso del Estado en el control del despilfarro. El panorama, por tanto, no puede ser más desolador, y exige medidas de corrección y exigencia de responsabilidades a los que causaron el desastre. abc.es Las autonomías tienen en caja 1.422 millones de euros menos de lo que dicen sus cuentas Los técnicos del Tribunal de Cuentas se han desesperado con los balances de cuentas que presentan la mayor parte de las comunidades autónomas. El último informe sobre el sector autonómico, entregado recientemente, recoge en sus conclusiones que lo que aparece en las cuentas oficiales no refleja fielmente los verdaderos números. El remanente de tesorería global de todas las autonomías alcanzaba a 31 de diciembre de 2007 la cantidad de 2.939 millones de euros. Eso en teoría, porque una vez aplicadas las consideraciones del Tribunal, hay que reducir esa cifra casi a la mitad, descontando 1.422 millones de euros. Por lo tanto, hay «diferencias entre los saldos finales del estado de tesorería y el que consta en el balance». Además, el órgano fiscalizador del sector público sostiene que en muchas de las inversiones que hacen las autonomías no se pueden «determinar los costes (...), obtener las desviaciones de financiación (...) y realizar un adecuado control y seguimiento». Inventarios incompletos Para redondear los despropósitos contables, «en cuanto a la situación patrimonial de las administraciones generales se observan inventarios de bienes y derechos incompletos, bienes sin valorar o indebidamente valorados, falta de concordancia entre los datos contables y los del inventario», asegura el Tribunal. El órgano fiscalizador destaca que «en general tampoco se han implantado subsistemas de gestión de inventario que permitan su correcta contabilización». En cuanto a las deudas, no se tienen en cuenta en los balances «derechos presupuestarios de dudoso cobro». Además, en varias comunidades esos derechos pendientes de cobro están «sobrevalorados y en algún caso infravalorados, situación que se repite con las obligaciones pendientes de pago». Artículo publicado en UPyD