El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca un déficit cero para todas las administraciones a partir de 2020, con los votos a favor de PP, CiU, UPyD y UPN, la abstención del PNV y el voto en contra del PSOE -partido este último con el que los 'populares' han negociado hasta el último minuto para lograr su abstención- y del resto de partidos de la Cámara Baja.

El proyecto de ley ha salido adelante con 192 votos a favor, 116 en contra y cuatro abstenciones.

La votación incluso se ha llegado a posponer durante unos minutos puesto que PP y PSOE han estado negociando hasta el último minuto un acuerdo que permitiera a los socialistas abstenerse en la votación en lugar de votar en contra, como habían anunciado que harían. Finalmente, sin embargo, la negociación ha fracasado, por lo que los socialistas han votado en contra.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, dio por finalizado el debate poco antes de las siete de la tarde y anunció un breve receso antes de la votación, momento que aprovecharon la portavoz socialista, Soraya Rodríguez y el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez para dirigirse a la zona reservada al Gobierno. Hacia allí se dirigieron también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los 20 minutos que han estado negociando no han servido para lograr la abstención del PSOE, por lo que la Ley de Estabilidad ha salido adelante sin el apoyo del principal partido de la oposición.

'Populares' y socialistas mantuvieron esta misma mañana en el Congreso una reunión en la Sala del Reloj en un penúltimo intento para alcanzar un acuerdo sobre dicha ley, pero esta iniciativa de última hora también terminó en fracaso.

El pacto se negoció entre el ex ministro Valeriano Gómez, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso.

Con el voto contrario del PSOE, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha tenido menos apoyo parlamentario que la reforma constitucional que la generó, pues el PP y el PSOE, que promovieron en agosto de 2011 aquella reforma de la Carta Magna, han pasado en siete meses del acuerdo al enfrentamiento.

El nudo gordiano del desacuerdo se ha debido al límite de déficit estructural, que el Gobierno ha fijado en el 0% a partir de 2020 frente al 0,4% que, según los socialistas, se había acordado el pasado verano y que ahora se limita a las circunstancias excepcionales. Además, el PSOE también ha discrepado de la senda de reducción de la deuda pública que el Ejecutivo ha marcado en la norma.

El Gobierno se ha asegurado la abstención del PNV en la votación al salvar la especificidad del régimen foral, tal y como reclamaron los nacionalistas vascos a través de una enmienda parcial al texto.

Según han informado fuentes parlamentarias, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, pactaron en una reunión la admisión de la enmienda del grupo vasco, en la se reconoce la especificidad de los regímenes forales mediante la vuelta a la redacción normativa de 2004.

Durante la Comisión de Hacienda del pasado lunes, el PNV votó en contra de la ponencia de la ley después de que los 'populares' rechazaran incluir este cambio, y el portavoz vasco, Pedro Azpiazu, expresó su enfado por su "falta de voluntad negociadora". "El PP no sabe qué hacer (con esta enmienda). Si no es aceptada ni hoy ni el jueves el comportamiento de este portavoz y de este grupo va a estar muy condicionado por eso. Esto parece una tomadura de pelo", reprochó.

Por su parte, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, anunció que su formación ha alcanzado un acuerdo con el PP para que las comunidades autónomas que hayan cumplido con los objetivos de déficit en 2020 puedan amortizar la deuda, cuando hayan dedicado recursos a potenciar el crecimiento, en un plazo de 20 años.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Sánchez Llibre ha mostrado su "satisfacción" por el acuerdo.

El texto aprobado este jueves se remitirá al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.

De esta manera, la normativa podría entrar en vigor ya a principios de mayo, lo que a juicio del Gobierno permitiría a España afrontar con mayores garantías las acometidas de los mercados internacionales y acceder en mejores condiciones a la financiación lo que, a su vez, permitiría inyectar liquidez a la economía real para recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo.

Artículo publicado en UPyD