Notas de prensa - El primer blog de notas de prensa y comunicados de prensa

Prudencia.ai supera los 10.000 usuarios y lidera el crecimiento de la IA jurídica en 2026

Tue, 26 May 2026 18:02:42 +0200

La plataforma española de inteligencia artificial jurídica Prudencia.ai se ha consolidado como una de las compañías legaltech de mayor crecimiento en España durante 2026, alcanzando más de 10.000 usuarios registrados en apenas cinco meses desde su lanzamiento.

El crecimiento de Prudencia.ai se ha producido especialmente entre abogados, despachos profesionales, departamentos jurídicos de empresas, administraciones públicas, gestorías y asesorías, en un contexto marcado por la acelerada adopción de herramientas de IA legal en el sector jurídico español.

La compañía ha destacado por combinar inteligencia artificial aplicada al Derecho con un fuerte enfoque en trazabilidad jurídica, jurisprudencia actualizada, seguridad y especialización en normativa española y europea.

Una IA jurídica diseñada "desde el Derecho y para el Derecho"
A diferencia de soluciones generalistas, Prudencia.ai ha sido desarrollada específicamente para el ámbito jurídico profesional, permitiendo a abogados y equipos legales:

Buscar y analizar jurisprudencia reciente.
Redactar demandas, recursos e informes jurídicos.
Trabajar con normativa consolidada y trazable.
Crear bases de conocimiento privadas para despachos y empresas.
Organizar expedientes y memoria institucional.
Aumentar productividad y velocidad en investigación jurídica.

Uno de los elementos diferenciales de la plataforma es su apuesta por la trazabilidad de las fuentes jurídicas y la reducción de alucinaciones propias de modelos generalistas de IA.

Acuerdo de jurisprudencia con CENDOJ: uno de los grandes hitos del sector legaltech en España
Entre las principales innovaciones impulsadas por Prudencia.ai durante 2026 destaca su acuerdo de reutilización de jurisprudencia con el CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), un avance relevante dentro del ecosistema de IA jurídica en España.

Gracias a esta integración, la plataforma fortalece su capacidad para ofrecer jurisprudencia trazable, verificable y alineada con fuentes oficiales, especialmente en resoluciones del Tribunal Supremo y otras jurisdicciones relevantes.

La compañía también ha reforzado sus sistemas de actualización normativa automática mediante integración masiva de normativa BOE, normativa europea y boletines autonómicos.

El primer pódcast de IA jurídica en español
Prudencia.ai también ha liderado el posicionamiento de marca y divulgación del sector con el lanzamiento del primer pódcast especializado en IA jurídica en español, centrado en inteligencia artificial aplicada a la abogacía, innovación legal, regulación tecnológica y transformación digital del sector legal.

El pódcast ya cuenta con entrevistas y colaboraciones de referentes del ámbito jurídico y tecnológico, consolidando a Prudencia.ai como una de las marcas con mayor impacto y visibilidad dentro del ecosistema legaltech español.

Innovación constante en producto y experiencia jurídica
Durante estos primeros meses de crecimiento, Prudencia.ai ha incorporado funcionalidades avanzadas como:

Memoria personalizada para despachos y expedientes.
Bases de conocimiento privadas.
Gestión colaborativa de expedientes.
Jurisprudencia reciente y contextual.
Integración documental avanzada.
Razonamiento jurídico especializado.
Seguridad y cumplimiento RGPD.

La compañía mantiene una estrategia centrada en la mejora continua del producto y en el desarrollo de copilotos jurídicos cada vez más especializados para profesionales del Derecho.

La IA jurídica entra en fase de adopción masiva
El crecimiento de Prudencia.ai refleja una tendencia cada vez más evidente en el mercado legal: la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial por parte de abogados y organizaciones jurídicas.

Según la compañía, el objetivo no es sustituir al abogado, sino potenciar sus capacidades profesionales mediante herramientas diseñadas específicamente para el ejercicio jurídico.

"La IA jurídica ya no es una tecnología experimental. Está empezando a convertirse en una infraestructura de trabajo habitual para abogados, despachos y departamentos legales", señalan desde Prudencia.ai.

Con este crecimiento, Prudencia.ai se posiciona como uno de los principales referentes españoles en inteligencia artificial aplicada al Derecho y como una de las compañías legaltech con mayor proyección dentro del mercado europeo.

Abades Abogados se consolida en Madrid como despacho especialista en herencias

Thu, 21 May 2026 13:50:45 +0200

Abades Abogados, despacho especializado en herencias, refuerza su posicionamiento local en Madrid con atención a familias y herederos que necesitan orientación clara en trámites sucesorios, reparto de bienes y resolución de herencias con desacuerdos. Desde su sede en el barrio de Retiro, el despacho ofrece acompañamiento legal en todo el proceso, desde la planificación de la herencia previa, hasta la gestión y cierre de la misma, incluyendo sucesión de empresas familiares y herencias de grandes patrimonios.

El despacho destaca que una parte importante de los problemas en herencias no aparece por la complejidad del caso, sino por empezar sin orden: falta de documentación, decisiones tomadas con prisas o ausencia de acuerdos básicos entre herederos.

"En Madrid atendemos con frecuencia herencias con inmuebles, varios herederos y situaciones que se complican por detalles evitables. Cuando se trabaja con una hoja de ruta desde el primer momento, el proceso avanza con más seguridad y menos tensión", señala Jorge Conejo Sánchez, abogado especializado en derecho sucesorio.

Entre las situaciones más habituales que atiende Abades Abogados como especialistas en herencias en Madrid se encuentran herencias con varios inmuebles, reparto entre coherederos, discrepancias sobre el uso o la venta de la vivienda heredada, herencias sin testamento y casos en los que existen donaciones previas o patrimonios familiares que requieren coordinación y una visión global para evitar conflictos.

En el ámbito de la empresa familiar, Abades Abogados acompaña a familias empresarias en la planificación de la sucesión para proteger la continuidad del negocio, evitar bloqueos en la toma de decisiones y reducir el riesgo de conflictos entre herederos. El despacho subraya la importancia de anticipar criterios de reparto, gobierno y continuidad, especialmente cuando hay participaciones societarias, inmuebles vinculados a la actividad o diferentes perfiles implicados en la gestión.

En las herencias de grandes patrimonios, el despacho pone el foco en el orden y la coordinación: inventario completo, estrategia de reparto, prevención de disputas y gestión eficiente de los hitos del proceso. Abades Abogados recuerda que, en estos casos, la complejidad no depende solo del volumen de bienes, sino de la coordinación entre herederos, la diversidad de activos y la necesidad de tomar decisiones con visión global desde el inicio.

Con presencia en Madrid y Sevilla, el despacho apuesta por un enfoque profesional y cercano, centrado en explicar cada paso con claridad y en buscar soluciones realistas cuando hay conflicto. Abades Abogados recuerda que cada herencia es distinta y que, en muchos casos, contar con asesoramiento especializado desde el inicio marca la diferencia entre un proceso ágil y uno que termina bloqueado.

Contacto y ubicación en Madrid
Abades Abogados (Madrid)
Calle de Alberto Bosch, nº 5, Planta Baja. Piso Bajo A, Retiro, 28014 Madrid

Abades Abogados (Sevilla)
Av. San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla 2, Planta 9 Oficina 7, 41018 Sevilla

Debita Legal cancela más de 9.000.000€ de deuda en Cataluña gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad

Thu, 21 May 2026 10:50:44 +0200

Cada vez son más las personas y autónomos que se ven atrapados en situaciones económicas difíciles derivadas de préstamos personales, tarjetas revolving, microcréditos, avales o deudas acumuladas que terminan siendo imposibles de afrontar. En este contexto, la Ley de la Segunda Oportunidad se ha convertido en una herramienta jurídica fundamental que permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia.

Debita Legal, despacho de abogados especializado en cancelación de deudas y Ley de la Segunda Oportunidad, ha conseguido durante 2025 la cancelación de más de 9.000.000€ de deuda en Cataluña, permitiendo que sus clientes puedan dejar atrás situaciones de sobreendeudamiento que afectaban gravemente a su estabilidad económica y personal.

La firma, que trabaja en toda Cataluña y cuenta con un importante foco de actuación en Barcelona y Tarragona, ofrece un servicio totalmente personalizado y cercano, apostando por el acompañamiento real y presencial del cliente durante todo el procedimiento como principal diferencia frente a modelos de gestión masivos y automatizados.

Uno de los aspectos diferenciales del despacho es precisamente su enfoque 100% presencial, manteniendo un contacto directo y continuo con el cliente desde la primera visita hasta la resolución final del procedimiento.

Desde el despacho explican que muchas personas llegan con miedo, desinformación y una gran carga emocional después de años conviviendo con llamadas constantes de recobro, embargos, reclamaciones y dificultades para llegar a final de mes.

"Nuestro trabajo no consiste únicamente en tramitar expedientes. Detrás de cada procedimiento hay una persona que necesita recuperar tranquilidad, estabilidad y confianza. La clave de este servicio es el trato humano y el acompañamiento constante", explica Felipe Serrano, abogado del despacho y uno de los profesionales con mayor experiencia del equipo.

Debita Legal nace como una firma joven, dinámica y comprometida, formada por profesionales especializados porque entienden tanto la parte jurídica como la dimensión personal que existe detrás de cada caso.

Además de procedimientos de Segunda Oportunidad, Debita Legal también asesora en asuntos relacionados con tarjetas revolving, microcréditos, reclamaciones bancarias y situaciones de sobreendeudamiento.

Con una presencia cada vez mayor en Cataluña, especialmente en Barcelona y Tarragona, Debita Legal continúa consolidándose como una firma comprometida con las personas y enfocada en ofrecer soluciones jurídicas eficaces con un trato humano y directo.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?
La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal dirigido a personas físicas y autónomos que se encuentran en una situación de insolvencia y no pueden hacer frente a sus deudas. Su objetivo es permitir la exoneración o cancelación total o parcial de determinadas deudas para que el afectado pueda recuperar su estabilidad económica y comenzar una nueva etapa sin una carga financiera imposible de asumir.

Este procedimiento se encuentra regulado dentro de la Ley Concursal y actualmente permite cancelar distintos tipos de deuda como:

Préstamos personales
Tarjetas de crédito y tarjetas revolving
Microcréditos
Avales personales
Determinadas deudas bancarias y financieras
Parte de algunas deudas públicas según los límites legales establecidos

¿Quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

De forma general, pueden acogerse a este mecanismo:

Personas particulares con varias deudas acumuladas.
Autónomos con problemas económicos o cierre de actividad.
Personas que se encuentren en situación de insolvencia actual o inminente.
Deudores que hayan actuado de buena fe.

Cada caso requiere un análisis individual para determinar la viabilidad del procedimiento y la mejor estrategia jurídica.

El aumento del sobreendeudamiento en España
Los abogados especializados en cancelación de deudas observan un incremento progresivo de situaciones de sobreendeudamiento derivadas del aumento del coste de vida, la utilización continuada de financiación rápida y el uso frecuente de créditos y tarjetas.

Muchos afectados desconocen que existen soluciones legales para paralizar embargos, salir de ficheros de morosidad y recuperar su estabilidad financiera mediante procedimientos como la Ley de la Segunda Oportunidad.

Más información: Debita Legal

El Palacio de Fernán Núñez acoge la II Edición Del Premio "Toga De Oro a la Exelencia Jurídica"

Mon, 18 May 2026 17:52:59 +0200

El primer reconocimiento fue para Basilio Ramírez Pascual, socio fundador y CEO de Arnaut Fiscal & Legal. Doctor en Economía, referente en Derecho Tributario y Compliance penal económico. Con más de 37 años de trayectoria, es autor de 24 publicaciones especializadas y miembro de prestigiosas asociaciones nacionales e internacionales del ámbito fiscal y económico. Su labor académica y profesional le ha convertido en una figura destacada dentro del asesoramiento tributario y la empresa familiar.

El siguiente galardonado fue Adrián Marinel Ghita, CEO de AMG Lawyers, firma especializada en Derecho Penal y Derecho penitenciario con presencia internacional. El jurado destacó su sólida trayectoria, su rigor técnico y su especialización en procedimientos de alta complejidad, narcotráfico, extradiciones y Derecho Penal Económico, así como su firme compromiso con la tutela judicial efectiva y las garantías procesales.

También fue reconocido José Martín Herreros, socio director de Martín Herreros Abogados, por su destacada trayectoria en Derecho Penal Internacional, extradiciones y defensa de víctimas en procedimientos de gran complejidad. Su despacho cuenta con proyección internacional y figura entre las firmas de referencia en la resolución de conflictos transnacionales y Derecho Bancario.

El reconocimiento continuó con Mustafa Ortega Molina, fundador de Despacho M Abogados, con especial dedicación al Derecho Penal. Fundada en 2015, la firma cuenta hoy con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Miami, y se ha consolidado como referencia entre los abogados penalistas en Madrid por su trabajo en procedimientos penales complejos.

La gala distinguió igualmente a José Baltasar Plaza Frías, socio fundador y CEO de Bufete Rosales, despacho referente en Derecho Bancario y defensa de consumidores frente a prácticas abusivas de entidades financieras. Con más de 40 años de ejercicio profesional, ha liderado miles de procedimientos de gran relevancia jurídica en toda España.

Otro de los premiados fue Alberto García Cebrián, abogado especializado en Derecho de Familia y referente en abogacía preventiva e integrativa. Su trabajo destaca por impulsar soluciones amistosas y saludables en las crisis familiares como las Divorcionetas o su libro "Juntos o separados, pero felices".

La última distinción de la noche recayó en Javier Guerrero Guerrero, abogado, CEO y fundador de Guerrero & Asociados, Abogados, firma reconocida tanto por la defensa de víctimas de accidentes y catástrofes como por la representación jurídica de personalidades públicas. Su trayectoria combina el ejercicio de la abogacía con una destacada presencia mediática como presentador de televisión con programas propios de divulgación jurídica y entrevistas y analista jurídico en diversos medios de comunicación. Asimismo, también promueve la representación de artistas con la agencia Rodenas & Guerrero, Talent Management, siendo además escritor.

La gala concluyó con una fotografía oficial junto a todos los galardonados y un exclusivo cóctel celebrado en los jardines del Palacio de Fernán Núñez, acompañado de una cuidada propuesta gastronómica a cargo del Restaurante Gabriela. Asimismo, SECSE quiso reconocer especialmente la implicación y dedicación de Rosa Sabogal y Gonzalo Iglesias por su labor en la organización y coordinación de esta II Edición del Premio Toga de Oro a la Excelencia Jurídica.

Eudia lanza un espacio de trabajo unificado para equipos legales empresariales

Wed, 13 May 2026 11:09:02 +0200

Eudia, la plataforma de IA para trabajo legal complejo, anunció hoy el lanzamiento de un espacio de trabajo unificado para equipos legales empresariales y los socios de negocio a los que apoyan. El espacio de trabajo unificado reúne un asistente estandarizado, la suite de agentes especializados de Eudia (Análisis de Argumentos, Análisis de Casos, Informes de Contratos, entre otros) y Gemelos Digitales Expertos del mejor criterio legal de su equipo en un único entorno para todo tipo de flujo de trabajo legal y adyacente al legal.

Los equipos legales empresariales operan bajo una presión estructural. Un pequeño grupo de expertos impulsa resultados desproporcionados, y el resto del equipo y cada socio de negocio que depende del área legal tiene que esperar a su disponibilidad. Las soluciones puntuales legales se han multiplicado para abordar diferentes partes del trabajo, pero ninguna conecta datos, criterio experto y flujos de trabajo en un solo lugar. El coste de integrarlo recae en los propios abogados.

"Los directores jurídicos describen el mismo problema. Sus equipos consumen horas recopilando contexto a través de soluciones puntuales en lugar de realizar el trabajo estratégico que les da un lugar en la mesa", dijo Omar Haroun, CEO de Eudia. "El espacio de trabajo unificado convierte a Eudia en un único lugar donde se realiza todo tipo de trabajo legal empresarial. Los Gemelos Digitales Expertos, una suite de agentes especializados y el conocimiento propietario se conectan en una experiencia fluida. En lugar de gestionar múltiples soluciones y cambiar de contexto una y otra vez, los abogados sénior y otros miembros del equipo recuperan tiempo y enfoque para el trabajo que importa".

En el espacio de trabajo unificado de Eudia, cada flujo de trabajo que ejecuta un equipo interno, desde la revisión de contratos hasta el cumplimiento, la due diligence de M&A y los litigios, se encuentra en un solo lugar. Un asistente estandarizado es la puerta de entrada. La suite de agentes especializados de Eudia está a un clic de distancia. El conocimiento organizacional, los proyectos y las bibliotecas de prompts comparten una misma navegación, y los equipos de negocio, desde ventas hasta compras y marketing, obtienen respuestas legales rutinarias en autoservicio a través de la misma interfaz, creando consistencia en cualquier organización compleja.

"El departamento legal del futuro estará impulsado por una plataforma de inteligencia unificada. A corto plazo, un espacio de trabajo unificado reúne sus datos, agentes y conocimiento institucional en un solo lugar, permitiendo que cada abogado trabaje con el contexto y la perspectiva de los miembros más experimentados de su equipo. Una plataforma unificada también permitirá al equipo legal crear y ofrecer valor de formas fundamentalmente nuevas que impulsen los objetivos del negocio y reposicionen la función legal dentro de la empresa. Ese futuro está más cerca de lo que la mayoría de los líderes legales creen, y plataformas como Eudia son lo que lo hacen posible", dijo Timothy Fraser, VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary (Américas), Toshiba.

Los equipos legales empresariales se sitúan en la intersección del riesgo, la estrategia y la memoria institucional. Son arquitectos naturales de la inteligencia empresarial, y el espacio de trabajo unificado de Eudia los escala donde más se necesitan.

Sobre Eudia
Eudia es la plataforma de IA para trabajo legal complejo, que amplía a sus mejores abogados con gemelos digitales de nivel empresarial de su criterio y experiencia. En el núcleo de la plataforma se encuentra el Enterprise Brain, una capa de inteligencia propietaria que captura y codifica el criterio de los principales expertos de una organización en contratos, políticas, precedentes y decisiones previas. Eudia transforma esta experiencia en inteligencia gobernada impulsada por IA integrada directamente en los sistemas donde ocurre el trabajo legal, acelerando a los equipos legales y aprendiendo continuamente de sus decisiones. Al combinar IA específica de dominio con gobernanza empresarial y capacidades de autoservicio para equipos de negocio, Eudia ayuda a las organizaciones a acelerar los ciclos de negociación, reforzar el cumplimiento, reducir la dependencia de asesores externos y escalar el criterio experto. Más información en www.eudia.com.

Arriaga Asociados logra cancelar 265.000 euros en deudas para 2 clientes con la Ley de Segunda Oportunidad

Mon, 11 May 2026 11:32:59 +0200

Arriaga Asociados ha conseguido la cancelación de más de 265.000 euros en deudas en dos procedimientos tramitados bajo la Ley de Segunda Oportunidad (LSO). Ambas resoluciones han permitido a los afectados superar una situación de sobreendeudamiento y recuperar su estabilidad económica.

Mantener la actividad profesional
Uno de los casos es el de Manuel, transportista, que acumulaba una deuda de 151.802 euros. Su principal preocupación era poder seguir trabajando y no perder sus herramientas de trabajo.

La actuación del despacho ha permitido no solo cancelar la totalidad de la deuda, sino también que el cliente conserve sus dos camiones. De este modo, puede continuar con su actividad profesional y generar ingresos con normalidad.

Recuperar la operativa diaria
En paralelo, Arriaga Asociados ha logrado la cancelación de 114.798 euros para otro cliente, Alberto, cuya situación le impedía realizar gestiones cotidianas como contratar suministros o disponer de servicios financieros básicos.

Tras la resolución, el cliente ha quedado libre de deudas y fuera de los registros de morosidad, lo que le permite recuperar su operativa diaria.

Una vía legal para empezar de nuevo
La LSO se ha consolidado como una herramienta eficaz para que particulares y autónomos puedan cancelar sus deudas y recuperar su estabilidad económica.

"Detrás de cada caso hay una situación personal compleja. Nuestro trabajo consiste en acompañar al cliente durante todo el proceso para que pueda dejar atrás sus deudas y retomar su actividad con normalidad", explica Jesús Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.

Con estas actuaciones, Arriaga Asociados muestra su capacidad para ayudar a personas y autónomos en procedimientos de la LSO, con un enfoque centrado en la viabilidad económica del cliente y la protección de sus medios de vida. El despacho está especializado en la defensa de consumidores y en la tramitación de estos procedimientos para la cancelación de deudas de particulares y autónomos.

Más información sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, clicar aquí.

El 70% de los conflictos laborales se resuelven antes de llegar a juicio en España, según NM Procuradores

Thu, 07 May 2026 13:36:59 +0200

El informe, basado en la experiencia práctica del despacho de Procuradores en procedimientos laborales, señala que los conflictos más habituales —como despidos, reclamaciones de cantidad o impagos salariales— tienden a resolverse en fases previas al proceso judicial, especialmente durante los actos de conciliación obligatorios.

En este sentido, los expertos apuntan a un cambio progresivo en la forma de gestionar los conflictos laborales en España, donde cada vez se priorizan soluciones más rápidas y menos costosas frente a la vía judicial.

"En la práctica diaria vemos que muchas partes prefieren llegar a un acuerdo antes de acudir a un procedimiento completo ante los tribunales", explica Adrián Díaz, socio de NM Procuradores. "Cuando existe una estrategia bien planteada desde el inicio, es más fácil alcanzar soluciones que eviten un proceso largo e incierto".

El análisis destaca que uno de los factores determinantes en esta tendencia es la duración de los procedimientos judiciales, que en algunos casos pueden prolongarse durante meses. A ello se suma la incertidumbre del resultado y los costes asociados, tanto económicos como personales.

Además, la digitalización de la Administración de Justicia ha introducido cambios relevantes en la gestión de estos conflictos. La generalización de las notificaciones electrónicas y la tramitación digital ha acelerado determinados procesos, pero también ha aumentado la necesidad de un control técnico más riguroso.

Para Sara Navas, Procuradora de los Tribunales socia de NM Procuradores, este nuevo contexto refuerza el papel de los profesionales especializados en la gestión procesal. "La Justicia es cada vez más ágil en lo tecnológico, pero también más exigente. El control de plazos y de las notificaciones electrónicas es clave, y cualquier error puede tener consecuencias importantes en el desarrollo del procedimiento", señala.

El informe subraya que, aunque la mayoría de los conflictos laborales no llegan a juicio, la preparación del caso sigue siendo un elemento esencial. Una correcta planificación desde el inicio puede facilitar acuerdos y, en caso necesario, agilizar el procedimiento ante los tribunales.

Entre las principales causas de resolución anticipada de conflictos laborales, el estudio identifica la búsqueda de acuerdos rápidos, la voluntad de evitar litigios prolongados y la creciente utilización de mecanismos de conciliación.

Asimismo, se observa una tendencia al alza en la resolución extrajudicial de disputas, impulsada tanto por trabajadores como por empresas, que buscan minimizar el impacto económico y reputacional de los conflictos.

En este escenario, el papel del procurador ha evolucionado en los últimos años, pasando de ser un mero representante procesal a desempeñar una función más activa en la gestión integral de los procedimientos. Su intervención resulta clave tanto en fases previas como en el impulso de los procesos en caso de que finalmente se judicialicen.

El estudio concluye que la resolución de conflictos laborales en España seguirá orientándose hacia modelos más ágiles y eficientes, donde la negociación y la gestión técnica del procedimiento jugarán un papel determinante.

Fundación Legálitas y Policía Nacional advierten de las consecuencias legales de la violencia digital

Wed, 06 May 2026 11:36:59 +0200

Fundación Legálitas y Policía Nacional presentan la campaña ‘No es un juego. Es delito’, con el objetivo de alertar y disuadir sobre las consecuencias legales de la violencia digital y, en concreto, de conductas como el ciberacoso, el bullying, el sexting sin consentimiento o el uso de inteligencia artificial para humillar a terceros.

La campaña se presentó ayer en el IES San Isidro de Madrid en un acto presidido por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, que reunió a más de doscientos alumnos. También se contó con la presencia de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía Nacional; Rafael Catalá, presidente de Fundación Legálitas, y Luis del Pozo, CEO de Legálitas.

La iniciativa, que está dirigida a los adolescentes, pero también a sus padres o tutores, tiene un doble fin: por un lado, disuadir a los agresores poniendo el foco, no tanto en el daño que generan, sino en las consecuencias que estas acciones tienen para ellos y, por otro, alertar a familias y educadores para que puedan reaccionar a tiempo ofreciéndoles herramientas a quienes sufren o detectan un problema de este tipo.

Durante la presentación, Sara García, abogada de Legálitas, y Ana Llorente, policía de la Unidad Central de Participación Ciudadana, explicaron a los estudiantes los riesgos y las consecuencias legales que tienen estas conductas y las vías de actuación ante este tipo de situaciones.

Campaña ‘No es un juego. Es delito’
Toda la información de la campaña se encuentra recogida en la web www.legalitas.com/noesunjuegoesdelito. La pieza central es un vídeo titulado ‘No es un juego. Es un delito’, con un enfoque directo y actual. En él, una adolescente presume de que sus padres no se enteran de nada y normaliza conductas de acoso: cuenta que usa una cuenta falsa para atacar a otros, que difunde memes humillantes y que "machacar a compañeros es fácil y divertido". El vídeo termina con un mensaje contundente: "Quizás tus padres no tengan ni idea, pero nosotros sí. El ciberacoso tiene consecuencias legales."

De esta manera, la campaña pretende alertar a los adolescentes sobre la falsa sensación de impunidad que suele acompañar a estas conductas y alertar de que lo que ocurre en plataformas digitales como, por ejemplo, en las redes sociales, tiene consecuencias, para los propios agresores e incluso sus padres o tutores.

Asimismo, a través de esta iniciativa, ambas entidades ofrecen a los ciudadanos información sobre cómo actuar si se detecta un caso de ciberacoso o violencia digital y dónde acudir para pedir ayuda.

Durante el acto, Rafael Catalá, presidente de Fundación Legálitas, destacó que "la fundación se siente orgullosa de colaborar una vez más con Policía Nacional, aunando esfuerzos para decir no al ciberbullying y subrayando la importancia de trasladar un mensaje claro a la sociedad: 'no es un juego, es un delito'". Catalá señaló que el objetivo de esta iniciativa es concienciar a los menores sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, así como alertar de los riesgos de compartir contenidos que pueden causar un grave daño a las víctimas del ciberacoso. Asimismo, insistió en la necesidad de denunciar estos comportamientos, evitando convertirse en parte de la difusión de estos mensajes.

Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, felicitó a Policía Nacional y Fundación Legálitas por una campaña que tiene como objetivo "ofrecer a los menores la información necesaria para identificar y rechazar conductas que vulneran la dignidad y los derechos de otras personas". En este sentido, Calvo subrayó la importancia de concienciar sobre que no son aceptables comportamientos que, aunque puedan parecer inofensivos, afectan a la intimidad, la integridad o la seguridad de los demás, y recalcó que "ni la violencia ni la humillación pueden normalizarse en ninguna circunstancia".

Colaboración Fundación Legálitas y Policía Nacional
La colaboración entre Fundación Legálitas y Policía Nacional se enmarca en el compromiso por parte de ambas entidades de proteger a los ciudadanos frente a riesgos reales, especialmente, en el entorno digital. Así, ‘No es un juego. Es delito’ es la quinta campaña que lanzan de forma conjunta. Esta colaboración se inició en 2020 con ‘Di no al odio’, centrada en la prevención de los discursos de odio que operan en el entorno digital; continuó en 2022 con ‘Si no es seguro, no es comercio’ en 2022, dirigida a alertar sobre los fraudes en el comercio online; en 2024 con ‘Que nadie robe tu tranquilidad’, en 2024, sobre delitos contra la propiedad, especialmente robos y estafas; y en 2025 con ‘Mantente alerta’ enfocada en las ciberestafas más comunes.

Para Fundación Legálitas, esta acción refuerza su labor de sensibilización y divulgación jurídica dirigida a distintos colectivos con el fin de promover el concepto de abogacía preventiva entre la sociedad.

Descargar aquí el vídeo de la campaña.

Lawline sale de beta y lanza una plataforma legal completa con IA para empresas y particulares

Tue, 05 May 2026 17:00:56 +0200

Lawline, la plataforma legal más visitada de Suecia, anunció hoy el lanzamiento oficial de su plataforma legal impulsada por IA, marcando su salida de la fase beta. El lanzamiento introduce una oferta de producto significativamente ampliada dirigida a empresas, organizaciones y particulares que buscan un apoyo legal accesible y fiable en la toma de decisiones cotidianas.

Lawline AI se lanzó por primera vez en beta en febrero de 2026 y desde entonces ha atraído a más de 7.000 usuarios registrados. Con el lanzamiento completo de hoy, Lawline presenta un conjunto más amplio de capacidades diseñadas para acercar el apoyo legal a donde realmente se toman las decisiones.

"El apoyo legal tradicionalmente ha sido algo a lo que se accede a posteriori, a menudo cuando los problemas ya han escalado. Estamos construyendo algo fundamentalmente diferente: donde la orientación legal está disponible en el momento en que se toman las decisiones", afirma Jenny Hammarberg, CEO de Lawline.

De respuestas a infraestructura
Mientras que muchas herramientas de IA se centran en generar respuestas, Lawline está posicionando su plataforma como una capa operativa para el trabajo legal y de cumplimiento normativo. La plataforma combina:

Orientación legal impulsada por IA basada en la legislación sueca.
Conocimiento específico de la organización, incluidas políticas internas y documentos normativos.
Herramientas para la creación, revisión y análisis de documentos.
Entornos de proyectos colaborativos para equipos.
Acceso integrado a profesionales legales, lo que permite a los usuarios pasar del soporte de IA al asesoramiento humano sin salir de la plataforma.

Esto permite a las empresas no solo acceder a información legal, sino integrarla en sus flujos de trabajo diarios.

"La mayoría de las herramientas legales se quedan en la ley. En la vida empresarial real, las decisiones están tan influenciadas por las políticas internas como por la normativa. Al reunir ambos elementos en una sola plataforma, estamos abordando una brecha que en gran medida ha sido ignorada, y ahí es donde se crea el valor real", señala Hammarberg.

Funciones clave en la versión completa

Análisis y comparación de documentos frente a la legislación y las políticas internas.
Generación automatizada de documentos paso a paso.
Integración del conocimiento en toda la organización, donde los documentos internos se tratan junto con las fuentes legales.
Trazabilidad hacia fuentes legales e internas, permitiendo transparencia y confianza.
Soporte multilingüe para preguntas y respuestas legales.
Acceso integrado a profesionales legales para una transición fluida de la IA al asesoramiento humano.

A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, Lawline pone énfasis en la precisión, la explicabilidad y la transparencia de las fuentes, manteniendo a expertos legales cualificados dentro del proceso cuando es necesario.

"La IA general puede producir respuestas convincentes, pero en cuestiones legales ahí es precisamente donde reside el riesgo. Si no puedes confiar en el razonamiento o rastrearlo hasta la fuente, no deberías actuar en base a ello. Por eso se necesita un modelo especializado", añade Hammarberg.

Un enfoque diferente del legaltech
Lawline se diferencia de gran parte del mercado legaltech al centrarse en los usuarios finales en lugar de en los despachos de abogados. Fundada en 2005, la empresa ha construido una base de datos de más de 130.000 preguntas y respuestas legales y atrae a millones de usuarios cada año. Este conjunto de datos, combinado con la legislación sueca y la experiencia jurídica, constituye la base de la plataforma.

Con el lanzamiento completo de hoy, Lawline amplía su enfoque hacia empresas y organizaciones, con el objetivo de convertirse en una herramienta diaria para el trabajo legal y de cumplimiento.

"No estamos construyendo una herramienta para que los abogados sean más eficientes. Estamos construyendo algo para todos los demás, para que puedan tomar mejores decisiones antes de que surjan problemas", afirma Oscar Ahnelöv, CPO de Lawline.

Sobre Lawline
Lawline es la plataforma legal más visitada de Suecia, con más de 4 millones de usuarios anuales. Fundada en 2005, la empresa ofrece orientación legal accesible mediante una combinación de experiencia jurídica y tecnología de IA. Lawline ha sido reconocida como una de las 9 principales startups de IA legal en los países nórdicos.

El nuevo Plan de Vivienda impulsa la protección permanente y redefine el atractivo inversor del mercado residencial

Tue, 05 May 2026 13:28:59 +0200

España cuenta con un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026 desde el pasado 22 de abril. El nuevo marco supone un cambio de enfoque en la política pública de vivienda al apostar por la creación de un parque estable de vivienda protegida y asequible, frente a modelos anteriores más centrados en ayudas coyunturales.

Este Plan se configura como un instrumento de financiación y coordinación entre Administraciones, pero introduce también implicaciones jurídicas relevantes para operadores del sector, inversores y Administraciones públicas, en un contexto marcado por la insuficiencia estructural de oferta y la creciente dificultad de acceso a la vivienda.

Un nuevo modelo basado en la protección permanente
El cambio de enfoque es claro: la política pública deja de centrarse en medidas temporales para apostar por la consolidación de un parque de vivienda protegida con vocación de permanencia. El objetivo es evitar que el esfuerzo público en vivienda se diluya con el tiempo mediante la descalificación de los inmuebles y su salida al mercado libre.

En este contexto, la protección permanente implica que la vivienda queda sujeta de forma estable, y en algunos casos indefinida, a limitaciones sobre su destino, uso, precio o renta. A diferencia de modelos anteriores, donde estas restricciones eran temporales, el nuevo modelo busca garantizar que el activo mantenga su función social a lo largo del tiempo.

Desde el punto de vista jurídico, este marco introduce nuevas exigencias de control y trazabilidad, como la obligación de mantener el destino protegido durante largos periodos, en algunos casos de al menos 50 años, y su constancia mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad, lo que condiciona la transmisibilidad, el uso y la explotación del activo a lo largo de todo su ciclo de vida. Desde GTA Villamagna señalan que "este enfoque supone un cambio relevante en la configuración jurídica de los activos residenciales, al introducir limitaciones duraderas que deben analizarse desde la fase inicial de cualquier operación".

Impacto en el mercado: más oferta, pero sin efectos inmediatos
En el plano económico, el Plan introduce ua distribución de recursos que refleja esa prioridad estructural, con al menos un 40% destinado a incrementar la oferta de vivienda social y asequible, un 30 % a rehabilitación y otro 30% a facilitar el acceso, especialmente de jóvenes y colectivos vulnerables.

Marta Plaza, socia de GTA Villamagna, constata que "las medidas con mayor capacidad transformadora serán aquellas orientadas a aumentar la oferta de forma estructural: promoción de vivienda protegida permanente, colaboración público-privada, rehabilitación y movilización de viviendas vacías. Sin embargo, su impacto no será inmediato".

En cuanto al desarrollo de nuevas promociones requiere suelo, licencias, financiación y ejecución material, lo que implica plazos largos. Por ello, aunque las ayudas al alquiler pueden generar un alivio puntual, su efecto en mercados tensionados puede verse limitado si no se acompaña de un aumento real del parque disponible.

Seguridad jurídica: avances, pero con riesgos territoriales
Ante este nuevo escenario se introduce avances en seguridad jurídica al establecer reglas comunes en materia de financiación, requisitos de acceso, control y seguimiento. No obstante, su eficacia dependerá en gran medida de la ejecución autonómica.

Las comunidades autónomas son las encargadas de tramitar y resolver las ayudas, lo que puede generar diferencias relevantes en plazos, criterios y procedimientos. Esta heterogeneidad introduce incertidumbre para operadores que actúan en distintos territorios.

Nuevos riesgos legales para inversores y operadores
El nuevo marco abre oportunidades relevantes para promotores e inversores, especialmente en proyectos vinculados a vivienda protegida permanente o colaboración público-privada. Sin embargo, estas oportunidades están asociadas a cargas significativas: limitaciones de renta o precio, obligaciones de destino, control administrativo y posibles reintegros en caso de incumplimiento.

Desde GTA Villamagna subrayan que "pueden surgir conflictos legales en distintos ámbitos: denegación o reintegro de ayudas, controversias registrales, conflictos contractuales en promociones sujetas a límites o discrepancias en procesos de adjudicación".

También se incrementa la importancia de la due diligence jurídica. La adquisición de activos vinculados a ayudas públicas o sometidos a regímenes de protección puede implicar la asunción de obligaciones de largo recorrido que no siempre son evidentes a primera vista.

En particular, la existencia de notas marginales en el Registro de la Propiedad, limitaciones de destino, restricciones en el precio o la renta, derechos de tanteo y retracto o compromisos de alquiler asequible pueden afectar de forma directa a la rentabilidad esperada y a la capacidad de transmisión del activo. Marta Plaza explica que "en algunos casos, además, el incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a reintegros de subvenciones o a responsabilidades adicionales para el adquirente".

Un reto de ejecución más que de diseño
El verdadero desafío no reside en el planteamiento del Plan, sino en su aplicación práctica. La falta de oferta asequible y la debilidad del parque público seguirán condicionando el mercado residencial si no se logra trasladar este marco a proyectos viables en plazos razonables.

La ejecución presupuestaria, la agilidad administrativa, la disponibilidad de suelo y la coordinación entre Administraciones serán factores determinantes. A ello se suma la necesidad de garantizar un entorno de seguridad jurídica que permita a promotores e inversores operar con visibilidad sobre las cargas, los plazos y la rentabilidad de las actuaciones.

La socia de GTA Villamagna concluye que "el reto no está solo en movilizar recursos, sino en articular un marco jurídico claro y predecible que permita ejecutar proyectos viables. En un contexto de intervención creciente, la seguridad jurídica y la correcta estructuración de las operaciones serán clave para evitar conflictos y asegurar el desarrollo efectivo del Plan".